Esquema jubilatorio: Descripción, análisis y perspectivas de los sistemas

Las brechas de cobertura de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe se han deteriorado con la pandemia. 
El informe “Panorama Social” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló que previo a la crisis sanitaria, solo el 47,2% de las personas ocupadas en la región cotizaban a los sistemas de pensiones, y el 60,5% a los de salud. En el año 2019, un cuarto de las personas de 65 años y más no percibía pensiones. En el mismo periodo, los programas de transferencias condicionadas cubrían, en promedio, el 18,5% de la población de los países de América Latina y el Caribe.
Un estudio del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) denominado “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: Los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad” refiere que los sistemas de pensiones tienen como objetivo, por un lado, permitir a las personas contar con ingresos luego del retiro a cambio de realizar aportes durante su vida laboral y, por otro, evitar situaciones de pobreza en la vejez. En un contexto de envejecimiento, estos esquemas adquieren cada vez mayor importancia para el bienestar, pero, a su vez, implican importantes retos para la sostenibilidad fiscal de los países (mayor gasto y un menor ingreso agregado de los sistemas de pensiones, por tanto, mayores desafíos para las finanzas públicas).
Los insostenibles problemas económicos y financieros que atraviesan Brasil y Argentina están directamente vinculados a las reformas que empujaron en sus respectivos sistemas previsionales.
A casi cuarenta años desde que se iniciaron las reformas al estilo chileno, la región se encuentra de nuevo ante una situación preocupante. Se vislumbran serios problemas en el horizonte que conllevan acciones políticas desafiantes y soluciones técnicas costosas. 
De acuerdo con la CAF, en la región, la organización general del componente contributivo de los sistemas de pensiones tiene dos clasificaciones binarias. Por un lado, el financiamiento de las pensiones contributivas puede ser de reparto o capitalización. En los sistemas de reparto, las pensiones actuales se financian con los aportes de los trabajadores en actividad, mientras que, en los sistemas de capitalización, en cambio, cada pensión se financia con los aportes acumulados por cada jubilado durante su vida laboral. 
Por otro lado, la determinación de los montos de las pensiones contributivas puede ser de beneficio o contribución definida. En beneficio definido, las pensiones dependen de una combinación de salarios pasados y años de contribución, pero no necesariamente guardan relación con lo aportado por cada trabajador. Lo contrario sucede en los sistemas de contribución definida, donde el sistema especifica cuánto deben aportar los trabajadores y luego el importe de la pensión surge de la distribución durante la vejez de los aportes acumulados durante la vida laboral. 
Así, los sistemas de reparto están asociados con beneficios definidos, mientras que en los sistemas de capitalización el monto de la pensión depende de los aportes realizados (contribución definida), precisa el documento de la CAF.
En países como Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela predominan los componentes de reparto y beneficio definido. En Bolivia, Chile y México, prevalecen los de capitalización. 
Los regímenes mixtos (componentes de capitalización y reparto) funcionan mayormente en Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay. En Costa Rica, Panamá y Uruguay los componentes de capitalización y reparto son complementarios, es decir, parte del monto de una determinada pensión puede ser financiado por el componente de capitalización y otra parte por el de reparto. En Colombia y Perú, en cambio, son excluyentes, de manera que cada pensión se financia exclusivamente con uno u otro componente, lo que implica, a su vez, que los trabajadores deben elegir a cuál de los dos componentes aportar.
 

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