Brecha de infraestructura: Situación y desafíos en Paraguay

El último ránking del Índice de Infraestructura del Foro Económico Mundial dado a conocer antes de la pandemia, había ubicado a Singapur, Países Bajos, Hong Kong, Suiza y Japón en los primeros cinco lugares. En tanto que, a nivel Latinoamericano, lideraron el listado Chile, México, Panamá, Ecuador y Costa Rica. 
El aspecto medido está vinculado con la calidad de la infraestructura física y conectividad de un total de las 141 economías. Entre los factores que engloban este pilar se encuentran la conectividad por carreteras, la densidad de las vías férreas, suministro eléctrico, sanidad del agua, y la eficiencia del transporte aéreo y de los servicios portuarios.
Paraguay se ubica en el puesto 97 en el ránking, 71 en el indicador vial y 126 en materia de calidad de la infraestructura vial. De esta manera y considerando el pilar central, el país se encuentra por debajo de Chile (42), Argentina (68), Brasil (78) y Uruguay (65). Igualmente, el país se encuentra atrasado en los demás pilares con respecto a los mencionados países. 
El déficit de infraestructura en Paraguay sigue siendo de aproximadamente US$ 21.000 millones, pese al esfuerzo que se ha realizado en la última década. 
Datos de infralatam.info, revelan que, en más de una década, la inversión pública en infraestructura económica (agua, energía, telecomunicaciones y transporte), en promedio, ha sido de 1,5% de su Producto Interno Bruto (PIB). 
En tanto que informaciones proveídas por el Ministerio de Hacienda dan cuenta que entre el 2011 y 2020, el promedio de inversión de la Administración Central ha sido de 2,25% del PIB, siendo el primer año de la pandemia, el 2020, el de una inversión récord de 3,6% del Producto Interno Bruto. La inversión en proyectos de infraestructura ha dado un salto significativo, pasando de US$ 354,1 millones en el año 2011 a US$ 1.257,4 millones al cierre de 2020. En el 2019, año recesivo, la política contra cíclica se vio reflejada con la fuerte apuesta por US$ 1.003,7 millones, tras niveles de inversión en torno a US$ 600 millones. 
En la teoría macroeconómica, el efecto multiplicador dentro de la economía se refiere al impacto en el PIB real dado por el incremento en las inversiones, el gasto público o privado, entre otros vinculados. Así, el efecto multiplicador se constituye en un estimulador de la actividad económica, especialmente, en periodos recesivos. 
A modo de ejemplo, a principios de 2021, Estados Unidos recurrió a un paquete de inversión pública de aproximadamente 1,9 trillones de dólares. El efecto multiplicador de esta inversión en pandemia rondaría entre 0,5 y 2,5; es decir, la demanda agregada aumentaría hasta 250%, estimulando así la economía y acelerando su recuperación.
En el gráfico sobre “El efecto multiplicador fiscal en el corto y mediano plazo durante una recesión”, se observa cómo el efecto va creciendo a lo largo del tiempo, pero con mayor impacto durante una caída de la actividad económica. También se muestra, una diferencia entre el gasto público en todas sus formas y la inversión pública en específico, que se va acentuando a lo largo del tiempo. En un período de caída económica, la diferencia es menor, debido a que la economía reacciona con mayor sensibilidad a estímulos. 
La expansión del sector de construcción ha sido relativamente volátil en los últimos 5 años. Pasó de un crecimiento máximo de 16,5 % en 2017 a una caída de 10% entre finales de 2018 e inicios de 2019 (periodo de transición de Gobierno). Sin embargo, desde el tercer trimestre de 2019 ha tenido un sostenido crecimiento, sustentado por una significativa inversión en infraestructura por parte del sector público. 
La incidencia del sector de la construcción en el Producto Interno Bruto se ve reflejada en el comportamiento de la evolución de este componente en la economía, que genera miles de puestos de trabajo y realiza importantes apuestas en el país (compra de maquinarias, insumos, capacitación de personal, etc.)

•    ¿Cómo se ha financiado la inversión física en Paraguay?
Previo al año 2013, la inversión física (construcciones, adquisición de inmuebles y maquinarias) no era prioridad de los gobiernos, lo que permitió que las cuentas públicas gozaran, por años, de superávit, es decir, los ingresos eran mayores a los gastos y servían básicamente para mantener el aparato estatal. 
Con el aumento salarial, en promedio, de 38% otorgado a los funcionarios en el 2012, se inició lo que sería un déficit estructural y, por ende, escaso o nulo espacio fiscal para impulsar las inversiones en obras, lo cual llevó a la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento. Así, los recursos captados a través de la emisión de bonos soberanos se convirtieron en el principal modelo de financiamiento entre 2014 y 2016, cuando el modelo comienza a mostrar sus primeros signos de agostamiento.
De hecho, los datos del Ministerio de Hacienda muestran cómo la composición de la fuente de financiamiento en la inversión física de la Administración Central experimenta una reconfiguración. Los Recursos del Tesoro o Fuente 10 que solventaban los proyectos de infraestructura van en clara reducción, siendo claramente reemplazados por fondos obtenidos mediante la colocación de los títulos en el mercado internacional, así como por préstamos obtenidos de organismos multilaterales (ver info). La reconfiguración permitió al Estado ampliar programas sociales, financiar algunos reajustes en la planilla salarial y otros planes de Gobierno. 
En los últimos años se registra una disminución en el componente del financiamiento de inversión física con bonos, debido a que los recursos son destinados, en gran medida, a la amortización de capital con organismos multilaterales. En efecto, este mecanismo comienza a ser utilizado como principal estrategia para ampliar el espacio fiscal con recursos genuinos. De esta manera, se descomprime el gasto corriente generado por el pago de capital, además de que el nivel de Deuda Pública no sufre aumentos significativos.

•    ¿Cuáles son los instrumentos vigentes en el país?
En Paraguay existen otras herramientas que pueden permitir la realización de una diversidad de proyectos de infraestructura. 
Entre las modalidades de contratación para la inversión pública vigentes en el país se encuentran:
- La Ley Nº 5102/13 "De promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado", más conocida como "Ley de Alianzas Público-Privadas" (APP). 
- La Ley N° 5.074/13 y 5.396/15 "Que establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la Ley Nº 1.045/83 Que establece el régimen de Obras Públicas", mejor conocida como "Proyectos Llave en Mano".
- La Ley N° 2.051/03 “Contrataciones Públicas” o las realizadas como parte de las obras públicas tradicionales. 
- La Ley Nº 1618/00 "De Concesiones de Obras y Servicios Públicos" dentro del marco regulatorio de las licitaciones. 
- La Ley N° 3.009/06 “de la producción y transporte independiente de energía eléctrica”
- La Ley N° 117/91 “De Inversiones” o más conocida como Joint Ventures.
En los últimos años se han llevado adelante obras de gran envergadura en el país bajo algunas de las modalidades mencionadas. Como se ha visto, muchas de las inversiones han permitido mitigar los efectos de las recientes crisis, debido al efecto multiplicador que genera este tipo de apuestas. 
Para Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), “tenemos que invertir por lo menos el 5% del PIB en los próximos 15 años para poder ir reduciendo esta brecha que tenemos. Necesitamos tener vías de comunicación confiables: carreteras, puentes, puertos, la hidrovía es importantísima para poder sacar los productos. Eso es solo para el comercio exterior, pero luego está la inversión interna. Paraguay puede crecer muchísimo, pero no puede explotar el potencial porque no tiene conectividad”, enfatizó.
Al tiempo de destacar que las empresas paraguayas pudieron acompañar el proceso de inversión pública en los últimos 10 años con mano de obra y tecnología a la altura de las exigencias, Sarubbi abogó porque el Estado debe apuntar a cuidar la calidad del gasto público, para ir reduciendo la brecha de infraestructura en Paraguay apostando por proyectos a largo plazo. 
Existen otras miles de obras que aún pueden ser llevadas adelante y que claramente pueden ser financiadas bajo las diferentes modalidades de financiamiento disponibles en Paraguay. Para ello se precisa no sólo de un banco de proyectos, sino de un sistema eficiente y eficaz para implementarlo, así como las garantías desde la preparación del proyecto, aprobación, ejecución y hasta mantenimiento. La desburocratización y descentralización podrían contribuir a encontrar y abrir nuevas centrales viales para una mejor y mayor conectividad en post del crecimiento de la economía y la productividad del país.